Actualmente el cambio climático ha provocado muchas situaciones de desastres socio-naturales en todo el mundo. México ha tenido, en los últimos años, temblores y huracanes que han afectado gravemente muchas comunidades a las cuales no se les han garantizado sus derechos humanos de forma integral y oportuna conforme al contexto específico de cada región, es por eso que este texto aborda este tema y los problemas que traen consigo.
Hay una clasificación por la OEA sobre los desastres “naturales”, donde se refieren a estos como fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tiene el potencial de afectar las estructuras y actividades del ser humano. Los desastres naturales son definidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) como aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos para las personas y que son causados por fuerzas externas.
Sin embargo, desde hace unas décadas se ha cuestionado el enfoque que restringe las causas de los desastres al ámbito “natural”. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), nos dice que los desastres naturales son resultado de las acciones y decisiones humanas.
De acuerdo, con la UNDRR el uso de la palabra “natural” para describir los desastres da la impresión de que estos son inevitables y que las acciones humanas pueden hacer muy poco para prevenir o mitigar sus impactos, esto resta responsabilidad al gobierno, quien suministra justamente los mecanismos para incidir en las variables de exposición, vulnerabilidad y capacidad. Este debe gestionar los riesgos y promover la prevención para así poder aplicar, preparar, dar respuesta, recuperación y rehabilitación en la reducción del riesgo de desastres.
Carlos Martín Beristain menciona que las conductas colectivas más frecuentes ante los desastres naturales son de solidaridad, aunque en ocasiones el estado lo toma como amenaza pues cree que son movilizaciones en su contra. También hay un mito respecto a las conductas antisociales como saqueos y violencia ante desastres, por esto el gobierno decide no preparar a la población con antelación ya que considera que la gente no colaborará y no seguirán las medidas de seguridad o perderán el control.
En México, los desastres socio-naturales se han intensificado, no sólo por efectos inevitables de la naturaleza, sino por toda una estructura política, gubernamental y social que genera amplias afectaciones a los derechos humanos de las personas, sin la capacidad de responder oportunamente ante estos eventos, agravando las condiciones, de por sí, profundamente desiguales del país.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) perteneciente al Programa Nacional de Protección Civil menciona que, México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo que, combinado con altas concentraciones poblacionales con vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre.
Asimismo, la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en emergencias y desastres menciona que no existe una adecuada vinculación de los planes de protección civil de las entidades federativas con el Gobierno Federal, esto ha provocado una deficiente disponibilidad y aprovechamiento de los recursos para atender emergencias como los refugios temporales, la instalación de centros de acopio, la capacidad de distribución de ayuda humanitaria, entre otros.
De acuerdo con el CENAPRED los desastres con mayor impacto desde 1980 son: la erupción del volcán Chichón de Chiapas en 1982, el sismo de 1985, en 1997 el huracán Paulina en Guerrero , en 1999 las inundaciones en Veracruz y Puebla, en el 2005 los huracanes Wilma y Stan en Chiapas, en 2013-2014 los ciclones Ingrid, Manuel y Odile que afectaron a más de 20 entidades y por último los sismos de septiembre en el año 2017.
Conforme a esto, se incrementó el costo económico de los daños y pérdidas entre 2000 a 2018 con un 86.8 % de origen hidrometereológico en localidades vulnerables y de alta marginación.
En el 2020 los desastres naturales afectaron a más de 800 mil personas y a 256 mil viviendas, lo que tuvo un impacto económico de hasta 31 mil 862 millones de pesos. Los huracanes y tormentas fueron los más dañinos, al concentrar casi el 99% de los daños económicos y cerca del 98% de la población afectada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informan que, en los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado pérdidas por 202 millones de dólares. En la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe se registraron 977 mil catástrofes, 74 mil 839 muertes y pérdidas económicas por 1.7 billones de dólares, es decir, ocurrieron 18% de los desastres meteorológicos, 4% de las muertes y 45% de las pérdidas económicas de todo el mundo.
Hace dos meses, el 13 agosto del 2021 llegó a México el Huracán Grace categoría 3, dejando daños materiales en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Ante esto el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los ciudadanos de estos estados buscar refugio. Tras fuertes lluvias y vientos se afectó el servicio de energía de 843 mil 24 usuarios en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. En los estados de Veracruz y Puebla, 62 municipios quedaron afectados en comunidades que se dedicaban a la ganadería y la agricultura y se produjeron perdidas de cultivos, cierres de carreteras, desalojos, daños o perdida de viviendas.
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa precisó que el gobierno federal destinó 744 millones de pesos para atender las afectaciones por el huracán Grace. Cabe mencionar que dichos recursos no han sido entregados, por esta razón hay movilizaciones por parte de habitantes de los municipios afectados para ser incluidos en los censos de afectaciones, esto conforme al comunicado emitido en el mes de octubre por el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP-CNAP MN). Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. reportó también agresiones hacia las personas defensoras de comunidades damnificadas por este huracán.
Por ello, se vuelve importante analizar, prevenir, atender y reparar con enfoque de derechos humanos las afectaciones derivadas de los desastres naturales. Es necesario que el Estado reconozca sus obligaciones al respecto y que se difundan los derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Éstas tienen derechos como el no ser evacuadas en contra de su voluntad, a la información, a la prevención, diversidad cultural, a la autogestión, este último es cuando las personas afectadas tienen derecho a participar en las decisiones de los procesos para la gestión y autogestión de actores locales, ya sean gubernamentales o no en cuanto a la atención de los desastres.
También el derecho a la integridad, donde los procesos tendientes a su recuperación, reconstrucción y posterior desarrollo sean concebidos con carácter integral y con sentido humano, social, económico, ambiental y cultural, sin centrarse solamente en la reconstrucción de la infraestructura física.
El derecho de prioridad en el que las comunidades afectadas por desastres son atendidas con carácter prioritario frente a los intereses y objetivos de sectores políticos, económicos o sociales no afectados, así pertenezcan a la misma región.
Este enfoque ha sido impulsado a partir de las exigencias de comunidades y personas afectadas ante las omisiones del estado para prevenir y atender adecuadamente los desastres naturales, incluso, instancias internacionales han emitido recomendaciones integrales a los Estados sobre el tema.
La ONU y la UNDRR han dado las siguientes recomendaciones:
- Revisar la vulnerabilidad y exposición a riesgos, teniendo en cuenta que el cambio climático puede influir en cambiar la trayectoria, intensidad y velocidad de los vientos máximos de los ciclones tropicales.
- Reforzar los mecanismos de financiamiento para la prevención del riesgo de catástrofes, tanto a nivel nacional como internacional, y que estos se dirijan, en especial, los países menos desarrollados y los pequeños Estados y territorios insulares en desarrollo.
- Desarrollar políticas públicas integradas y proactivas en relación con las catástrofes de evolución lenta, como las sequías.
Aun cuando se tienen estas recomendaciones, la situación en México es más complicada, pues no se atiende correctamente a las personas, comunidades ni familias afectadas, los fenómenos extremos se intervienen cuando ya sucedieron y, en pocos casos, cuando existen casos de omisiones, corrupción e impunidad, donde no se cumple con la ley y se provoca la pérdida de vidas y la violación de derechos humanos. Por todo lo expuesto anteriormente es importante que las autoridades correspondientes actúen de forma planificada, preventiva y estructural ante estas situaciones.
Bibliografía:
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