Contratiempo
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no fue una acción que hayan tomado de buena voluntad las autoridades federales, sino que fue el resultado de décadas de luchas sociales, por lo que “este logro costó mucha sangre, dolor, lágrimas, gritos, persecución y encarcelamientos”.
Esto lo comentó Gonzalo Ituarte Verduzco, director de la Asamblea de Socios de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) al impartir la conferencia “Paz, conflicto y derechos humanos en México ¿Qué se ha logrado desde 2011?” en el marco del inicio de la décima novena edición del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos AUSJAL – IIDH.
El también sacerdote dominico hizo un recuento de las luchas sociales que se dieron en México durante la segunda mitad del siglo pasado, desde movimientos campesinos, laborales, magisteriales, feministas, estudiantiles e indígenas, hasta de la sociedad civil como resultado de la inacción del gobierno de México tras el sismo de septiembre de 1985, los cuales abonaron a la exigencia de mayores garantías de los derechos humanos en el país.
A esto se sumó una demanda internacional, pues señaló que antes de 2011 había una “simulación” por parte del gobierno en relación a obligaciones en la materia, ya que se firmaban mucho tratados y pactos en materia de derechos humanos, pero éstos no eran ratificados, lo cual representaba una “resistencia” del Estado mexicano a ligarse a instancias internacionales.
Ante este escenario, apuntó que la reforma de 2011 representa un nuevo paradigma de reconocimiento y protección de los ciudadanos, además que genera una nueva relación del individuo con la sociedad y el Estado.
Agregó que “llegamos tarde, pero bien”, pues, aunque esta reforma “no se ha quedado sólo en la letra”, todavía “nos falta un poquito para poner en práctica todo”.
Esto abarca toda una perspectiva de derechos humanos desde la procuración y administración de justicia, el perfeccionamiento de instancias de promoción y protección de derechos humanos, el enriquecimiento de la atención a víctimas, así como una transformación cultural que ha fortalecido el papel de la sociedad civil.
Pese a esto, lamentó que “no podemos celebrar” porque hay una “situación de esquizofrenia, donde se tiene una constitución muy sólida, muy consistente”, pero hay un gran distanciamiento de las acciones del Estado, que dificulta el cumplimiento de este marco en toda su riqueza.
Ejemplos de esto, continuó, son la presencia de grupos de crimen organizado y los actos de corrupción que “generan condiciones de imposibilidad de vivir en plenitud los derechos fundamentales”.
Por esta razón, concluyó que “no hay paz, vivimos en conflicto por la violencia manifestada en diferentes maneras”, y para poder combatir esta situación, “no podemos quedarnos en lo superficial, hay que cambiar las causas estructurales”.