{"id":5624,"date":"2026-02-09T11:18:20","date_gmt":"2026-02-09T17:18:20","guid":{"rendered":"https:\/\/content.iberopuebla.mx\/contratiempo\/?p=5624"},"modified":"2026-02-09T11:18:21","modified_gmt":"2026-02-09T17:18:21","slug":"la-suprema-corte-y-la-inconstitucionalidad-de-las-sanciones-penales-a-los-abortos-voluntarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/content.iberopuebla.mx\/contratiempo\/la-suprema-corte-y-la-inconstitucionalidad-de-las-sanciones-penales-a-los-abortos-voluntarios\/","title":{"rendered":"La Suprema Corte y la inconstitucionalidad de las sanciones penales a los abortos voluntarios"},"content":{"rendered":"\n

Sof\u00eda M\u00e9ndez Constantino<\/p>\n\n\n\n

Estudiante de Derecho<\/p>\n\n\n\n

El 29 de agosto de 2025 se public\u00f3 en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n la jurisprudencia con registro digital 2031051, titulada: \u201cAborto voluntario. La sanci\u00f3n para el personal de salud que lo procure es inconstitucional\u201d.<\/strong> Esta tesis deriva del amparo en revisi\u00f3n 267\/2023, resuelto en septiembre de 2023 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), a ra\u00edz de la impugnaci\u00f3n de una asociaci\u00f3n civil contra disposiciones del C\u00f3digo Penal Federal que sancionaban la pr\u00e1ctica del aborto. Desde el 1 de septiembre de 2025, esta jurisprudencia tiene car\u00e1cter obligatorio conforme al punto noveno del Acuerdo General Plenario 1\/2021. La decisi\u00f3n marc\u00f3 un precedente trascendental en materia de derechos sexuales y reproductivos, al declarar inconstitucionales las sanciones impuestas tanto a mujeres y personas con capacidad de gestar que interrumpen su embarazo de manera voluntaria, como al personal de salud que brinda asistencia en dicho procedimiento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La asociaci\u00f3n civil que promovi\u00f3 el amparo tiene como objeto social la promoci\u00f3n y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.<\/strong> Aleg\u00f3 que los art\u00edculos 330, 331, 332, 333 y 334 del C\u00f3digo Penal Federal vulneraban derechos fundamentales<\/strong> como el libre desarrollo de la personalidad, la autonom\u00eda reproductiva, la igualdad, la no discriminaci\u00f3n y la salud.<\/p>\n\n\n\n

En primera instancia, el Juez de Distrito<\/strong> sobresey\u00f3 el amparo al considerar que la asociaci\u00f3n carec\u00eda de inter\u00e9s leg\u00edtimo, pues las normas penales estaban dirigidas \u00fanicamente a mujeres y personas gestantes.<\/strong> Sin embargo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reconoci\u00f3 dicho inter\u00e9s, ya que el objeto social de la asociaci\u00f3n era precisamente la defensa de los derechos reproductivos. <\/strong>Con ello, el caso fue remitido a la SCJN para un pronunciamiento de fondo, ante la falta de jurisprudencia previa sobre el aborto consentido a nivel federal.<\/p>\n\n\n\n

La Primera Sala abord\u00f3 el caso desde una perspectiva de g\u00e9nero e interseccional, se\u00f1alando que las normas impugnadas reforzaban estereotipos discriminatorios al imponer la maternidad como destino obligatorio y al estigmatizar a quienes interrumpen su embarazo.<\/strong> Adem\u00e1s, extendi\u00f3 la protecci\u00f3n no solo a mujeres, sino tambi\u00e9n a hombres trans, personas no binarias y queer con capacidad de gestar.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis retom\u00f3 el precedente de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad 148\/2017, donde se reconoci\u00f3 que el derecho a decidir integra diversos derechos fundamentales: dignidad humana, autonom\u00eda, libre desarrollo de la personalidad, salud, igualdad y libertad reproductiva. La Corte examin\u00f3 tambi\u00e9n las justificaciones tradicionales para criminalizar el aborto (moralidad p\u00fablica, prevenci\u00f3n de la mortalidad materna y protecci\u00f3n de la vida en gestaci\u00f3n), concluyendo que no resultan v\u00e1lidas ni proporcionales frente al derecho a decidir.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s relevantes fue el examen de las sanciones de suspensi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n al personal m\u00e9dico, parteras y comadronas<\/strong> que asistieran abortos voluntarios. La Corte declar\u00f3 que estas medidas eran inconstitucionales por generar un estigma profesional, obstaculizar la formaci\u00f3n m\u00e9dica y reducir la disponibilidad de proveedores capacitados<\/strong>. Adem\u00e1s, identific\u00f3 un efecto inhibidor que afectaba directamente el derecho de las personas gestantes a acceder a un servicio de salud seguro y de calidad.<\/p>\n\n\n\n

La Sala advirti\u00f3 que el temor a la persecuci\u00f3n penal no solo impide la pr\u00e1ctica de abortos voluntarios, sino que tambi\u00e9n desalienta la atenci\u00f3n <\/strong>incluso en supuestos permitidos por la ley, como violaci\u00f3n sexual o riesgo para la vida.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, se concedi\u00f3 el amparo a la asociaci\u00f3n civil y se declar\u00f3 la invalidez de diversas disposiciones del C\u00f3digo Penal Federal:<\/p>\n\n\n\n